La
Renta Básica Garantizada (RBG) nació en Navarra con un buen propósito: asegurar
que nadie quede atrás, que toda persona tenga cubiertas sus necesidades básicas
cuando las circunstancias le golpean. Y eso, en una sociedad que se quiere
justa y humana, es irrenunciable.
Pero con el paso del tiempo, algo se ha torcido en Navarra. Lo que debía ser una herramienta para salir adelante se está convirtiendo, en algunos casos, en un modo de vida. Hay quienes reciben esta ayuda y no muestran voluntad real de incorporarse al mundo laboral, y eso está rompiendo el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad que siempre ha caracterizado a Navarra
Esta Renta no fue pensada para sostener la pasividad sino para apoyar a quien atraviesa un mal momento. Pero si esta ayuda se convierte en algo “permanente” estamos pervirtiendo su sentido. La Renta Básica Garantizada se ha convertido en un refugio y ha perdido, en demasiados casos, su valor moral y social. Gobierno de Navarra ha permitido que una política nacida de la solidaridad acabe fomentando la dependencia y, en algunos casos, la falta de cultura del trabajo.
Ayudar, sí. Pero también exigir compromiso, formación, participación y esfuerzo.
La Cámara de Comptos publicó, al inicio de este año 2025, un informe sobre la gestión de la renta garantizada y su impacto en el empleo en la Comunidad Foral de Navarra. La propia Cámara de Comptos reconoce en su informe que no puede opinar sobre el cumplimiento de algunos de los requisitos requeridos para percibir dicha renta, como, por ejemplo, sobre la residencia efectiva en Navarra de quien la recibe, la aceptación de ofertas de trabajo y haber solicitado todas las prestaciones posibles antes de la renta garantizada.
¿Quién controla que una persona que percibe la Renta Básica reside realmente en Navarra, siendo uno de los requisitos para poder recibirla? ¿Tienen acaso que ser los ayuntamientos los “fiscalizadores” de una labor que le corresponde única y exclusivamente a Gobierno de Navarra?
Un dato revelador es el referente a cuántas personas se han dado de baja de esta prestación por haberse incorporado al mercado laboral. En 2023, de un total de 21.892 adultos, solo 1.683 (el 7,7%) lo hicieron. ¿Acaso este dato no es síntoma de que algo no se está haciendo bien?

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