Cuando el presidente de LARES Navarra
(la asociación que aglutina a las residencias sin ánimo de lucro en Navarra,
como la de Fitero) alza la voz no lo hace desde la exageración, sino desde la
evidencia. Las residencias rurales sin ánimo de lucro llevan tiempo avisando de
que el modelo era insostenible. Hoy, ese aviso se convierte en una
constatación: el colapso ya no es una hipótesis, es un horizonte cercano.
Hace cuatro años, el Gobierno de
Navarra decidió modificar el sistema de concertación de plazas. Aquella
decisión, presentada como una mejora técnica, está teniendo un efecto
devastador en el ámbito rural. Se ha roto la estrategia salarial del sector, se
han desajustado los costes reales y se ha dejado a las residencias sin margen
económico para sobrevivir.
En la Navarra rural se da una paradoja que cuesta explicar: cuanto más dignos son los salarios que paga una residencia a sus trabajadoras, más se resienten sus cuentas. No es una consigna ni una exageración, sino la realidad diaria de centros sin ánimo de lucro que hacen del cuidado su razón de ser.
Esta lógica absurda castiga
precisamente a quienes apuestan por la calidad, la estabilidad laboral y la
dignidad en el cuidado. En lugar de premiar el buen hacer, el sistema penaliza
a las residencias que cumplen, que aplican convenios, que reconocen derechos
conquistados.
Conviene aclararlo con toda nitidez: la culpa no está en la mejora de las condiciones laborales. Ese avance es justo y socialmente incuestionable. El problema es un diseño político que no ha sabido —o no ha querido— acompañarlo con una financiación justa, realista y adaptada a la realidad del medio rural.
Esta situación nos devuelve, una
vez más, a una reflexión incómoda: la lucha del Gobierno de Navarra contra el
despoblamiento es un relato vacío. No se puede
hablar de fijar población mientras se asfixian los servicios que sostienen la
vida cotidiana en los pueblos. No se puede defender el medio rural mientras se
permite que se hundan las residencias que cuidan a nuestros mayores y generan
empleo de calidad.
Cada residencia rural que entra en pérdidas, cada centro que se plantea cerrar es un golpe directo a la cohesión territorial. Cohesión territorial que ni está ni se le espera.
Porque cuando una residencia cae
no solo desaparece un recurso asistencial: se destruye empleo —mayoritariamente
femenino—, se obliga a las personas mayores a abandonar su entorno vital y se
acelera el vaciamiento de los pueblos.
El resultado final es difícil de
maquillar. Un gobierno que se define como progresista no puede sostener un
sistema que castiga el cuidado, penaliza la dignidad laboral y abandona a las
entidades sociales sin ánimo de lucro que atienden a nuestros mayores.
Escuchar la advertencia de LARES
Navarra no es una cuestión corporativa. Es una obligación política
y moral. Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
La residencia de Fitero es un
buen ejemplo de hasta dónde puede llegar el compromiso colectivo. En pocos años
ha vivido una transformación profunda: de depender de una importante
financiación municipal ha pasado a rozar el autofinanciamiento. Se han mejorado
habitaciones, se han implantado sistemas modernos de atención centrada en la
persona, sistemas de atención paciente-enfermera, se han incorporado terapeutas
ocupacionales y fisioterapeutas, y se ha firmado un convenio propio que
dignifica el trabajo de quienes cuidan. Es decir, se ha avanzado en calidad, en
profesionalización y también en derechos.
Y, sin embargo, este esfuerzo ejemplar no
encuentra hoy un respaldo suficiente en el modelo de financiación vigente. Si
incluso residencias que han demostrado capacidad de gestión, innovación y
compromiso social ven peligrar su futuro, la pregunta ya no es qué están
haciendo mal los centros rurales, sino qué está haciendo mal la política
pública que debería sostenerlos.
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